El Mandatario destacó que las personas privadas de libertad lo están “por decisión de los Tribunales de Justicia del Poder Judicial, que es un poder autónomo e independiente en nuestro país”.
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, rechazó esta lunes el proyecto de ley de indulto general a las personas que se encuentren imputados o hayan sido condenados por los Tribunales de Justicia, por haber cometido delitos desde octubre del año pasado en el marco de manifestaciones.
“Entre los delitos que se pretende indultar se incluyen delitos tan graves como el homicidio frustrado, el tráfico de armas, la tenencia ilegal de armamento bélico, el incendio, el uso de bombas molotov, los saqueos, los atentados al Metro y al transporte público, las lesiones graves a Carabineros y muchas más”, destacó el Mandatario en una declaración en el Palacio de La Moneda, en la que estuvo acompañado por los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio.
El Presidente enfatizó, además, que “todas las personas que hoy están privadas de libertad por los graves delitos que el proyecto de un grupo de Senadores intenta indultar, están privadas de libertad por decisión no del Gobierno, ni de la Fiscalía, están privadas de libertad por decisión de los Tribunales de Justicia del Poder Judicial, que es un poder autónomo e independiente en nuestro país”.
En esta línea, el Jefe de Estado adelantó que de avanzar el proyecto el gobierno utilizará su facultad de veto: “Nuestro Gobierno manifiesta su total desacuerdo y oposición al Proyecto de Indulto General antes mencionado y anticipa que, en caso que el proyecto avance, y de ser necesario, va a utilizar su facultad de veto para impedir su aprobación, porque consideramos que es un mal proyecto y que atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el Estado de Derecho”.
El Presidente ratificó además, el compromiso con el orden público y la seguridad ciudadana, confirmando la voluntad del gobierno de combatir la violencia, la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo con todos los instrumentos que la Constitución y la Ley otorgan al Gobierno.
