A través del Fono Denuncia de la PDI, el sitio web https://denunciaseguroweb.spd.gov.cl y la Dirección del Trabajo estos hechos podrán ser informados de manera completamente anónima.
Mal uso del Permiso Único Colectivo, cambios de giro para poder seguir funcionando durante la cuarentena, empresas no esenciales que obligan a asistir a sus trabajadores. Estas son algunas de las irregularidades que el Ministerio del Trabajo, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de Prevención del Delito llamaron a denunciar a través de los canales que se han abierto especialmente para ello.
Así lo anunciaron este martes la Ministra María José Zaldívar, la Subsecretaria Katherine Martorell y el Director General de la PDI, Héctor Espinosa, quienes señalaron que se ha establecido una alianza para la detención y seguimiento de las denuncias recibidas sobre eventuales incumplimientos de la normativa laboral, de seguridad y de salud.
Como parte de esta estrategia conjunta se ha habilitado el Fono Denuncia (+56 9 3862 2222 y +56 9 6587 8300), que permitirá recibir a través de WhatsApp información respecto de todos los delitos en contra de la salud pública que se detecten en el marco de la actual emergencia sanitaria y, de esa forma, permitir fiscalizarlos y sancionarlos. Además, desde el día de hoy, el sitio web https://denunciaseguroweb.spd.gov.cl de la Subsecretaría de Prevención del Delito recibirá información sobre estos delitos de manera 100% anónima y segura.
Junto con estas plataformas, también la Dirección del Trabajo dispondrá de personal de dedicación exclusiva a revisar e investigar las denuncias que reciba, las que se pueden hacer llegar a través de tres vías:
- Vía web: descargando el formulario de solicitud de fiscalización desde www.direcciondeltrabajo.cl y enviándolo a la casilla denuncia@dt.gob.cl
- Vía presencial: en una de las inspecciones del trabajo a lo largo del país.
- Vía correspondencia: mediante una carta o presentación enviada a la Dirección del Trabajo.
La Ministra del Trabajo, María José Zaldívar, llamó a las empresas a ser responsables y a los trabajadores afectados a denunciar estos hechos. “Todos los trabajadores tienen derecho a que se proteja y garantice su salud. Por lo tanto, los trabajadores deben tener la tranquilidad que si no se están tomando las medidas para resguardar su integridad pueden denunciar. Nosotros vamos a garantizarles que vamos a hacer respetar sus derechos”, resaltó.
La Subsecretaria Katherine Martorell agradeció los esfuerzos que ha desplegado la PDI y el Ministerio del Trabajo, y resaltó la importancia que tiene la colaboración ciudadana para enfrentar a quienes no respetan la cuarentena. “La información que nos entregan las personas es clave para hacer la hoja de ruta que nos permita realizar la fiscalización más eficiente y de esa manera cuidar la salud de las personas y salvar vidas”, señaló.
Finalmente, el Director General, Héctor Espinosa, explicó que la PDI cuenta con fuerzas de tareas dedicadas de manera exclusiva a la investigación de delitos contra la salud pública y que se seguirá reforzando la fiscalización con más equipos. “Lo que nos interesa a nosotros es que las cuarentenas y las medidas que instaura la autoridad se cumplan por el bien de todos los ciudadanos”, concluyó.
Sanciones a empresas
Aquellas empresas que no siendo esenciales se encuentren funcionando y se verifique que hay trabajadores en su interior, serán suspendidas inmediatamente por la Dirección del Trabajo, ya que dicha situación constituye un peligro inminente para la salud y vida de las personas.
Además, en aquellas empresas esenciales habilitadas para trabajar también podrá cursar sanciones o decretar incluso el cese de sus actividades, de detectarse el incumplimiento de las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios, como la entrega de elementos de protección, entre otros.
Las multas por esta infracción van desde las 10 UTM ($503 mil) hasta las 60 UTM ($3 millones) dependiendo del número de trabajadores de la empresa; de 1 a 49 trabajadores (10 UTM), de 50 a 199 (40 UTM) y 200 o más (60 UTM).
Asimismo, podrán ser sometidas a sumarios sanitarios por hasta 50 millones de pesos y, en el marco de la ley recientemente promulgada por el Presidente Sebastián Piñera, sus responsables incluso podrán enfrentar penas privativas de libertad.
