El anteproyecto de ley, sometido a consulta ciudadana, busca modernizar el empleo público para poner el Estado 100% al servicio de las personas y mejorar su calidad de vida.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Modernización del Estado, lanzó una consulta pública sobre modernización al empleo público que se enmarca en la Agenda de Modernización del Estado del Presidente Sebastián Piñera.
La ciudadanía podrá participar entre los días 7 y 28 de enero, en forma voluntaria y confidencial, ingresando al sitio web www.consultahacienda.cl donde podrá conocer el anteproyecto y entregar sus opiniones.
Los resultados se presentarán de forma agregada y anónima al finalizar el proceso en el mismo sitio web, y servirán de base para la elaboración del futuro proyecto de ley de modernización del empleo público.
El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que: “Un mejor Estado es imperativo para mejorar la calidad de vida de las personas. El Estado es insustituible para millones de chilenos y chilenas, especialmente para los que más sufren hoy y para quienes tan mal lo han pasado en esta pandemia. Para ellos lanzamos esta inédita consulta pública: para discutir un tema país, que muchas veces hemos evitado, y transformar el Estado junto a la ciudadanía y junto a los funcionarios públicos”.
Por su parte, el intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, se reunió con las autoridades del gabinete ampliado, para conversar sobre los alcances de este anteproyecto. “El gobierno se está preocupando de una materia que no ha sido modernizada y que atañe a cientos de funcionarios del país y de nuestra región, funcionarios que requieren y merecen mejores oportunidades de desarrollo”, destacó el jefe regional.
Antecedentes de esta consulta
Las reglas del juego del empleo público (estatuto administrativo) datan de 1989. Con excepción de la reforma del año 2003 que creó la Alta Dirección Pública, esta es la primera vez que se aborda una reforma al empleo público.
En diciembre de 2018, cuatro centros de estudio –Chile 21, Libertad y Desarrollo, Centro de Estudios Públicos y Espacio Público, construyeron una propuesta conjunta para reformar el empleo público. Esa propuesta, junto a las recomendaciones del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado y propuestas planteadas por la Mesa del Sector Público, son el fundamento central de los contenidos de esta consulta pública.
Propuestas para modernizar el empleo público
El anteproyecto busca generar reglas claras y mejores condiciones laborales para el empleo a contrata y honorarios, mayoritarios en el sector público. Para ello se propone una relación laboral indefinida y con derecho a indemnización en caso de despido, igualando así los derechos con los que cuentan el resto de los trabajadores formales del país.
Además, busca hacer más exigente y en igualdad de condiciones el ingreso al Estado, estableciendo como requisito la selección por mérito para todos los cargos, con concursos abiertos y transparentes supervisados por el Servicio Civil. También propone limitar el nombramiento de los funcionarios de confianza de la autoridad política, acotando su número y estableciendo que deberán renunciar junto con su jefatura.
Asimismo, busca promover oportunidades de desarrollo laboral para los funcionarios públicos, regular el teletrabajo en el sector público como una oportunidad segura y planificada de trabajo a distancia, y sancionar de manera efectiva las faltas a la probidad, el maltrato y el acoso laboral y sexual.
El anteproyecto contiene 6 ejes:
- Crea una nueva relación laboral entre los funcionarios/as públicos/as y el Estado. Establece un vínculo laboral indefinido con indemnización al egreso para los funcionarios a “contrata” y “honorarios” que cumplan tareas permanentes (270 mil personas aprox.). Todo nuevo ingreso al Estado (Gobierno Central) se regirá por esta regla.
- Establece el mérito como requisito para un ingreso abierto y competitivo al empleo público, de acuerdo a las competencias, aptitudes y conocimientos de los funcionarios, en procesos transparentes y regulados por el Servicio Civil.
- Promueve oportunidades de desarrollo y crecimiento laboral para los funcionarios públicos, permitiendo la movilidad entre las instituciones del Estado y mejorando el sistema de evaluación del desempeño.
- Acota los cargos de confianza de cada Gobierno, separándolos de los funcionarios de Estado y creando una categoría de “asesores de gobierno”, destinado al personal de confianza. Estos deben renunciar junto con la autoridad.
- Regula el teletrabajo en el sector público como una oportunidad segura y planificada de trabajo a distancia, respetando la compatibilidad del trabajo con la vida personal y familiar.
- Sanciona de manera efectiva las faltas a la probidad, maltrato y acoso laboral y sexual en el Estado, perfeccionando los procedimientos y estableciendo la dedicación exclusiva en los sumarios administrativos.
Esta propuesta tiene como alcance el gobierno central, es decir, los ministerios y servicios públicos. No considera a los funcionarios municipales, de empresas estatales, ni Fuerzas Armadas y de Orden. De acuerdo a información de la DIPRES (septiembre de 2020), 420.018 personas trabajaban en el gobierno central: de ellas, 225.617 personas corresponden a personal a “contrata” (54%); 93.092 a personal de “planta” (22%); 46.655 a honorarios (11%) y 54.654 a otras modalidades (13%).
