Como ya es una característica, el Presidente Sebastián Piñera visitó la región. Al menos una decena de oportunidades lo hizo en su anterior mandato y en cada ocasión trajo consigo diversas iniciativas que con el tiempo hemos visto cómo se concretan y mejoran la calidad de vida de los tarapaqueños.
En esta ocasión encabezó un gabinete regional, donde se repasaron los principales avances y desafíos en los primeros tres meses de Gobierno, tuvo la oportunidad de escuchar desde la región temas de alta relevancia.
Visitamos distintas obras, fiscalizamos su ejecución, conversamos con las autoridades regionales, se les consultó uno a uno sobre sus principales desafíos y también con profesionales y técnicos, trabajadores, y distintos actores sociales sobre lo que entre todos estamos haciendo para que nuestra región vuelva a crecer, con el mismo impulso y energía que en su gobierno anterior; todo ello a pesar del relato que hemos escuchado en las últimas semanas, con un par de voces que se han especializado en lo que los filósofos llaman la «vía negativa» y que no es más que la acción de escuchar para luego criticar a cualquier costo.
Pero más allá de estas voces que convenientemente se alzan, el Presidente ha reiterado su compromiso con Tarapacá para buscar un desarrollo integral, inclusivo, para todas las familias y hogares de nuestro país y en esa línea uno de los principales ejes lo ha puesto en el déficit de viviendas sociales en Iquique, Alto Hospicio y también en las comunas del interior, realidad que ha escuchado desde sus habitantes, desde antes de haber asumido su cargo.
El Primer Mandatario ha dado carácter de urgencia para abordar el tema y disminuir sustantivamente la escasez de viviendas. La Seremi de Vivienda y Urbanismo, junto con el Serviu, hoy están desarrollando un estudio para la gestión de suelo apto para las viviendas en las distintas zonas de Tarapacá, a fin de diseñar y construir proyectos con más viviendas que aquellos que hasta hoy se han ejecutado. Su financiamiento será a través de los subsidios que hoy otorga el Estado a las familias más vulnerables y a los sectores medios de la población.
