El pasado viernes se produjo un fenómeno climático que no ocurría en la región desde la década de los años 50, experiencia que la mayoría de los actuales habitantes de la región no conocieron.
Chile es un país frecuentemente azotado por la naturaleza, por lo que la población sabe a estas alturas cómo reaccionar en primera instancia y cuáles son las medidas de autocuidado que deben adoptar. Desde la autoridad, en tanto, las campañas para fomentar planes domésticos de preparación ante emergencias son constantes y existen protocolos claros para el accionar de los municipios, las gobernaciones y las autoridades regionales.
Hay que tener presente que el sistema de protección civil tiene solo dos fuentes oficiales de información en la región: la Oficina Nacional de Emergencias y el Intendente. Detrás de ellos hay cientos de funcionarios y autoridades trabajando, minuto a minuto, para evaluar la condición de una emergencia, lo que se transmite por vocería directa o en redes sociales a través de las cuentas del Gobierno Regional de Tarapacá.
En el momento de una emergencia es necesario mantener la calma, no perder la templanza y ser precisos con la información que se divulga. Esa condición no se produjo el pasado viernes con la información que emanó desde fuentes diversas a las oficiales, lo que debe llamarnos a la reflexión sobre la responsabilidad que tienen los generadores de opinión, puesto que dejó entrever un grave desconocimiento de las leyes, decretos y normativas que regulan el accionar ante emergencias.
Es necesario aclarar también que los Comité de Operaciones de Emergencias (COE) tienen tres niveles que se escalan progresivamente: comunal, provincial y regional. Contrario a lo señalado durante el viernes, la constitución del COE regional no se realiza a pedido de un comunicador sin especialización técnica o de tuiteros amparados en el anonimato. Tampoco en función de criterios diversos a los estrictamente técnicos que maneja ONEMI.
Una emergencia es una situación seria y debemos abordarla con ese espíritu, cumpliendo cada uno el rol que le compete. En el caso de los municipios, actuando como primera respuesta de ayuda ante la población y entregando información formal directamente a ONEMI, para sustentar la toma de decisiones.
Hay que ser tajante en este tema: la emisión de información falsa raya en la irresponsabilidad y fomenta una especulación que ya conocimos en el terremoto de 2014, generando angustia y pánico en la población. Una emergencia no es una instancia para generar réditos políticos o para incrementar la audiencia.
Lo anterior, hay que decirlo, es éticamente reprochable.
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